POR QUÉ DECIMOS QUE SÍ. No son uno o dos puntos los que nos obligan a decir que sí, no es tampoco la mera negación a la ley vigente ni mucho menos el ciego apoyo al actual Gobierno. Es ya agotador explicarlo, pero acá va una vez más: no somos kirchneristas, no defendemos a rajatablas sus políticas, porque creemos que en muchos casos se mantiene el saqueo noventoso, porque sólo avanza cuando se ve debilitado, porque el crimen del hambre se expande día a día en todo el territorio, porque las brechas sociales están intactas, porque las más favorecidas siguen siendo las aproximadamente 200 empresas –mayoritariamente- extranjeras que más crecieron en la década del ’90, y por algunas cuestiones más. No obstante, no podemos ponernos en la vereda de enfrente solo para tirar piedras, y por eso es que cada medida que encaja con nuestro proyecto de país, con nuestras formas de pensar la política social, económica y cultural, como la estatización de las AFJP, la apoyamos. Esta ley encaja con nuestra forma de ver el mundo y sobretodo con la mirada que tenemos sobre los recursos estratégicos como el petróleo, el agua y, en este caso, la comunicación. Básicamente, porque es imposible gobernar en un país en el que la información no sale desde las diferentes voces de la sociedad. No existe una democracia que se precie de tal si todos no podemos ejercer nuestro derecho a la comunicación y a la información. Hecha la aclaración, continuamos.
Volvamos a los puntos que creemos centrales. Sin dudas, lo principal es que es una deuda que se tiene con la sociedad argentina desde que terminó la dictadura. Por una cuestión ética y moral, en primera instancia, y política, social, económica y cultural también. La sociedad no puede seguir acorralada únicamente con la información de los grandes grupos empresariales. Además, como integrantes de Radio Estación Sur, una radio comunitaria que cumplió 4 años el último 22 de agosto, nos enorgullece formar parte de ese 33 % que se dedica a las organizaciones sin fines de lucro, olvidando la concepción de la norma vigente en que la comunicación es un negocio. Este, entonces, es otro de los puntos casi reivindicativo para estas radios y del cuál estamos orgullosos.
Otro de los grandes motivos por los que apoyamos es que de esta ley se desprende un aspecto fundamental: genera trabajo. Hoy la información está concentrada no solo en manos, sino también geográficamente. La noticia generada en Capital Federal, se repite en los medios de las diferentes provincias desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Una noticia que se produce en un solo medio, repetida intacta en otros medios repartidos por todo el país, no tiene espacio para trabajadores locales que produzcan información más interesante –por ejemplo- para un sanjuanino que no sea un corte en la Avenida 9 de Julio o la toma del Colegio Nacional de la ciudad de Bs. As. Cada municipio, cada provincia podrá tener un medio, las Universidades también, las Iglesias, y además, los medios comerciales y sin fines de lucro que hoy existen y que se generarán, deberán tener producción local. Eso es trabajo, porque -obviamente- esa producción deberá estar producida por periodistas, productores, técnicos, artistas en general, etc., locales.
Además, decimos que sí porque: se adapta a las nuevas tecnologías; porque la autoridad de aplicación deja de ser un interventor –en el lugar donde irían uno de cada Fuerza Armada- para estar formada por 2 miembros del Poder Ejecutivo Nacional, 3 del Parlamento (uno de la primer minoría, uno de la segunda y uno de la tercera), 2 del Consejo Federal (otro espacio de amplitud) en el que uno debe ser de la Academia Universitaria; porque deja de estar basada en la doctrina nacional para basarse en los 21 puntos firmados por más de 300 organizaciones de todo tipo y color; porque se incluye a los Pueblos Originarios y se defiende su cultura; porque fomenta la cultura local obligando en un porcentaje de la programación audiovisual la emisión de música y de cine nacional y local; porque habrá lugar para la publicidad de los pequeños comercios de cada ciudad en cada medio; porque equilibra la calidad y la competitividad entre las emisoras, lo que hoy pasa sobretodo entre las comerciales y las comunitarias; porque ataca directamente a los monopolios y oligopolios, y también defiende al capital nacional frente al extranjero; porque limita la concentración de medios, porque garantiza el acceso a los medios a toda la población con la apertura del ancho de las emisoras de aire, con una tarifa social al cable, etc.; entre otras cosas por las que también decimos que sí.
EL FAMOSO MIEDO AL DEBATE. El 10 de diciembre de 1983, además de asumir Alfonsín, de celebrar el regreso de la democracia, de llenar plazas, etc., etc., la ley de radiodifusión puesta en vigencia tres años y casi tres meses antes por Videla, Martínez de Hoz y Harguindeguy, comenzó a debatirse. Aunque podríamos osar decir que muchos actores sociales la empezaron a discutir el mismísimo 15 de septiembre de 1980 cuando se firmó, vamos a medirnos con la medida de tiempo democrático, si se permite la expresión. Un total de 9410 días (contando hasta el 5 de octubre del ’09), para no redundar en eso de los 26 años, lleva esta ley en discusión. Se discute la que está en vigencia y también su posible recambio por una nueva, democrática, inclusiva, etc. Los más de 70 proyectos presentados en el Parlamento, dan cuenta de que es un tema que se intenta tratar hace rato. Desde distintos bloques, desde diferentes organizaciones de derechos humanos, de pequeñas emisoras radiales o sin fines de lucro, de organizaciones sindicales, sociales, religiosas, se viene discutiendo desde aquel conmemorado día democrático (insistimos: si se nos permite la expresión).
El 27 de agosto de 2004, esa amalgama de organizaciones, grupos y actores sociales –más de 300-, conformadas en lo que hoy se conoce la Coalición por una Radiodifusión Democrática, se plantó en el escenario público con los 21 puntos por una radiodifusión de la democracia que hoy todos conocemos y que están incluidos como sustento esencial en el proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Diputados de Servicios de Comunicación Audiovisual. Cuando asumió Cristina Fernández de Kirchner, nombró en el Comité Federal de Radiodifusión a Gabriel Mariotto, un periodista que desde el vamos también reclama por una ley de la democracia. Hasta ese momento, era sólo una buena señal de lo que hoy estamos viviendo. El 18 de marzo de este año, en el Teatro Argentino de La Plata, la Presidenta frente a cientos de personas del ámbito político, social y cultural, presentó el Proyecto con la promesa de entrar al Congreso de la Nación luego de pasar por los 24 foros provinciales en los que esté sujeto a posibles modificaciones reclamadas por la sociedad. No solo pasó por esos 24 foros, sino por más de cien, y también se discutió en charlas, exposiciones, cartillas, artículos, documentos, en las calles, en volantes. Pasó por Universidades Nacionales, por miles de medios de comunicación, por cada rincón que pudo. Además, para cualquier despistado, estaba la posibilidad de mandar por mail las sugerencias al link en la página del COMFER. Cualquiera podía participar, cualquiera podía opinar.
Particularmente, si nos tomamos el trabajo de atomizar el debate, es decir, de ver cómo se discutió en un determinado ámbito o en otro, sólo en la Facultad o sólo en un foro, o incluso si nos limitamos a analizar sólo el debate en el Congreso, quizás –sólo quizás- haya faltado debate. Hubo cientos de intentos, pero –quizás- faltó. Esa mirada “atomizante” quizás pueda haberse complementado con la dimensión social que tomó el debate, tanto mediático como en las calles. Cada persona, interesada o no en este tema pilar de lo que llamamos democracia, podrá sacar sus propias conclusiones acerca de la mucha o poca información que supo analizar sobre la amplitud de espacios que abarca -de ser aprobada- esta ley. Esto, apunta a la necesidad que algunos reclaman para seguir el debate sobre el Proyecto, a menos de una semana de que sea discutido en el plenario ¿final? del Senado y que, si todo sale como lo deseado, sea sancionada una ley que favorece al Pueblo. Y eso –sabemos- no pasa todos los días. No discutir hoy sobre el contenido a modificar, sobre los puntos con los que estamos en desacuerdo, sobre los incisos a y b del artículo 45, es una postura que se toma luego de haber participado de una buena cantidad de debates (es cierto, nunca agotados), pero sobre todo se toma cuando la historia está haciendo historia y queremos ser parte. De todos modos, remarcamos: es una ley perfectible, podría ajustarse en pequeños puntos, pero no vamos a dejar que la letra chica nos tape el proyecto, cuando en líneas generales y sustanciales, la ley es ampliamente democrática, inclusiva, desconcentradora. No se puede recuperar el tiempo que se perdió, y cualquier reloj puede asegurarlo. Y mucho menos se puede decir que no se debatió. Ese argumento solo les queda bien a los defensores de los grandes grupos económicos-monopólicos y sus representantes en el Senado.
Ahora sí, si se quiere discutir de qué manera la ley va a favorecer a los comunicadores o a la sociedad informatizada, cómo se va a aplicar en cada rincón del país, cómo será la toma de decisión a la hora de repartir licencias, cómo será la permanente pelea para mantener el equilibrio entre uno y otro, etc., etc., lo haremos con mucho gusto. Pero, como diría una abuela, no se le puede poner manteca al pan si el pan todavía no está hecho. Tenemos que tener la ley aprobada para saber cómo haremos todo lo que viene después. Ahora es cuando tenemos que darnos la discusión sobre qué posibles estrategias nos damos como sociedad para que esta ley sea aprobada, si es que todos queremos que sea aprobada, claro, y así reemplazar de una buena vez la ley decretada por los desaparecedores y profundizada por los monopolios.
EXTRA. Hay un detalle que nos cansamos de remarcar todo este tiempo de debate. La aprobación de esta ley depende pura y exclusivamente de la sociedad, de nosotros. Porque, como dijimos, viene siendo discutida y peleada por la sociedad desde hace 26 años y tenemos que apropiárnosla, y además porque, como también dijimos, no confiamos en este Gobierno. Esta pelea tenemos que seguir dándola nosotros; el próximo round será la posterior aplicación de este proyecto, que también será dura. Nosotros no tenemos los recursos de los grandes grupos económicos-monopólicos, pero tenemos y somos lo que no tienen ni son ellos: pueblo.
