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Las asambleas provinciales confluyeron en una movilización que planteó al pueblo cordobés que estamos listos para construir un país con justicia social. Las cuatro campañas hacia la Constituyente Social se unieron a la lucha de los trabajadores de la salud provincial. Una mañana con represión policial fue el epílogo de la aprobación del aumento del boleto de transporte público, que costará dos pesos.

“Estamos presentes para mostrarle al poder en la provincia que no vamos a delegar más. Nos organizamos y le decimos al pueblo que hay esperanza más allá del neoliberalismo que nos gobierna. Las asambleas Hacia la Constituyente Social le transmiten las cuatro campañas públicas que los militantes de todo el país decidimos trabajar como ejes de convocatoria para el 2010”, dijo el secretario General de CTA Córdoba Oscar ‘Cacho’ Mengarelli ante la concentración que, en la plaza San Martín, respondió a la convocatoria en la Jornada Nacional de Protesta que se realizó en todo el país.

La columna de compañeros, integrada por militantes de ATE, Cispren (Circulo Sindical de la Prensa y la Comunicación), Ammar, Tupac Amaru y CTA, recorrió el centro de la capital provincial, a pesar que la policía provincial no mezquinó esfuerzos para detener la movilización, tras la brutal represión desatada a la mañana contra las organizaciones que protestaban por el aumento del boleto de transporte. “Exigimos que sean liberados los compañeros detenidos esta mañana”, bramó Mengarelli, demostrando que la dinámica local de la protesta social se integra a la lucha del campo popular para organizar el cambio social.

En Córdoba la lucha se expresa, a través de los estatales, docentes, trabajadores de la salud, municipales, de la administración pública provincial, de los judiciales; todos los que reclaman salud, educación libre, igualitaria y gratuita. “Contra todo tipo de gerenciamiento, antesala de privatizaciones encubiertas, exigimos un Apross (obra social provincial) democratizado y en manos de sus legítimos dueños los trabajadores; restituir el 82 % móvil de la ley 8024, y para que cese la intervención a la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba”, señaló Daniel Pawluchuzk, secretario de prensa y coordinador del sector salud de ATE Córdoba.

Con un gobierno colapsado en sus cuentas públicas, que amenaza con emitir bonos hace meses, los trabajadores de la salud provincial confluyeron en la Plaza San martín y expresaron su reclamo por blanqueo salarial, ya que cobran el 40% de su salario en negro. En ese marco, Silvia León, integrante de los equipos de salud de CTA, señaló que “es muy importante que estas movilizaciones se estén reproduciendo en toda Argentina porque demuestra que en todas partes las problemáticas son las mismas. Ahora debemos organizarnos y ser millones que trabajemos para el cambio del modelo de país hacia la justicia social y la distribución de la riqueza”.

Salud y justicia social

En ese sentido, en Córdoba se reafirmó en compromiso aprobado en el encuentro de Neuquén para lanzar se aprobó la campaña nacional ‘Volver a Carrillo’. “Son las políticas públicas de distribución del ingreso y la justicia social, los mecanismos que complementan la política sanitaria que debemos instrumentar en el país. No es posible lo uno sin lo otro. Las obras sociales deben dejar de ser un negocio para transformarse en un apoyo al sistema de salud integrado, columna vertebral del sistema público de atención a la población”, afirmó León.

Pero la lucha contra el negocio de la salud enfrenta a las organizaciones populares a intereses muy poderosos. “Por eso debemos caminar hacia la unidad, crecer en fuerza y contrarrestar a los que se enriquecen con la enfermedad de la población. Para eso está la Constituyente también. Los mecanismos de democracia directa abren la puerta a la participación y el compromiso para luchar pro un Bicentenario Sin Hambre, no un festejo lavado como el que propone la Presidente”, concluyó la dirigente de ATE.

Rechazo al cospelazo y represión policial

Por la mañana la brutalidad policial se hizo presente en las adyacencias del Concejo Deliberante de la ciudad. Una manifestación fue duramente reprimida y 32 compañeros terminaron detenidos y magullados mientras los concejales aprobaban el aumento del cospel (que se utiliza en la ciudad para pagar el boleto de colectivo) hasta llevarlo a dos pesos, producto de la iniciativo del intendente, autodenominado soldado de la Presidente, Daniel Giacomino. En una muestra más de la criminalización de la protesta social, la policía persiguió a los manifestantes, golpeándolos salvajemente. “Quedaron chorros de sangre en las veredas”, declaró un vecino del lugar.

Sin respetar las mínimas normas legales, los efectivos ingresaron incluso sin orden de allanamiento a la sede del Sindicato de Obras Sanitarias, donde arrastraron de los pelos a algunos de los manifestantes que se había refugiado en el lugar y detuvieron al secretario General de la organización, Luís Bazán por intentar detener la brutalidad policial. Hasta empleados administrativos del gremio fueron detenidos también mientras se encontraban realizando su trabajo con normalidad.

“No han especificado bajo que cargos los tienen detenidos. El fiscal no aparece y la policía juntó mayores con menores en un mismo calabozo, atentando contra derechos humanos básicos”, dijo el abogado Gustavo Valdez, que se presentó en la sede policial para tramitar la libertad de los detenidos. La CTA, por su parte, exigió la libertad de los detenidos y señaló en un comunicado que “con esta medida que afecta de manera directa el bolsillo de los trabajadores, el gobierno demuestra que los aumentos no son para los salarios, sino para el transporte, la canasta básica de alimentos, etc. Por otra parte el accionar del gobierno en estas situaciones demuestra que no respeta el derecho a huelga y protesta de los trabajadores”. Al cierre de esta edición continuaban los reclamos frente a la comisaría.


Producción, texto y fotos: Guillermo Posada, Comunicación ATE Córdoba