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Cincuenta y tres familias resisten al desalojo en las antiguas instalaciones de los talleres del Ferrocarril San Martín. Desde hace doce años, alrededor de 250 personas viven en situación de indigencia, mientras el gobierno nacional y provincial se mantiene en silencio.

Las condiciones de vida en muchas partes de nuestro país, sigue siendo de extrema pobreza. Esta palabra es utilizada desde hace un tiempo por la oposición pero es una palabra que tiene un profundo arraigo en la historia de Latinoamérica. Pobreza no es lo que radicales o justicialista quieren mostrarnos, tampoco lo es una asignación universal por hijo que no resuelve los problemas que trae consigo la pobreza. Abstracción o no, la pobreza es una realidad que se palpa en nuestro país desde hace décadas, siglos.

En lo que alguna vez fueron los talleres del ferrocarril San Martín, en la ciudad de Mendoza; hoy conviven resto de locomotoras con los tendederos improvisados que alojan las ropas de quienes su vida se juega entre restos de lo que fue y lo que no se sabe si será. Parece un juego de palabras, pero tiene un significado. Hace pocos meses, el ferrocarril hizo el amague de regresar a estas tierras. Ni tren bala, ni tren de alta velocidad. La vieja locomotora con sus vagones, transitaron los rieles que creíamos desaparecidos pero que están y viven en la resistencia.

Cincuenta y cinco familias distribuidas entre galpones de los talleres y las casas de los operarios de aquel entonces. Niños y niñas, junto al tronco que sirve de leña en el invierno, reunidas entre lápices de colores y hojas canson para dibujar. La anécdota flota rápidamente en el aire: sabés, ahí vivía una amiguita mía que su mamá fue asesinada por su esposo. Ahora viven dos hombres que eran cuñados. Hielo en la sangre y el dolor de un lenguaje donde la muerte está naturalizada a flor de piel. Alrededor de 150 niños y niñas viven en el asentamiento Escorihuela. El otro asentamiento es el Malargüe, que se encuentra en las casas y terrenos donde vivían operarios del ferrocarril. El Malargüe son familias que eran trabajadoras del ferrocarril e hijos y nietos de quienes sus vidas se iban entre los rieles que hoy están desolados.

“Somos varias las madres que vivimos solas con los chicos. Algunas trabajan en el servicio doméstico o cartonean. De eso se sobrevive”, dice Victoria Mamani, vecina del Escorihuela. La situación es de suma precariedad. El contexto de exclusión es extremo en el asentamiento Escorihuela, mientras se los estigmatiza por los sectores de clase media, de los barrios aledaños. A la vez, las políticas represivas se multiplican y las políticas clientelares por parte de la partidocracia clásica, hacen muy vulnerable a estas personas que muchas veces parecen invisibles para el conjunto de la sociedad. “Acá casi toda la gente trabaja, se gana el pan de cada día. No es así como piensan muchos de los de afuera y que dicen que acá viven los ladrones. No es así. Acá se conocen entre todos”, afirma Johann Morales, madre de una niña en el mismo asentamiento.

La alerta ante el posible desalojo, lleva a noches de vigilia. La sombra de una topadora iluminada está presente en el imaginario colectivo de quienes viven en ambos asentamientos. Hay un antecedente, Costa Esperanza. Allí se relocalizó a más de cien familias, luego de varios años de tensión. El lugar, frente al asentamiento Escorihuela, solo una calle las dividía: la calle Suipacha y el club de los Ferroviarios. Raúl Morcos, encargado de la Administración de Infrestructura Ferroviaria Sociedad del estado (ADIFSE), se comprometió a que no se iba a realizar el desalojo si no estaba resuelto el problema habitacional de las familias. “No es política del gobierno nacional, ni de la ADIFSE, ni cuando estaba la ONABE; la de desalojar violentamente a las familias. De hecho se está trabajando para tratar de resolver el problema de estas familias”.

Sin embargo, la desconfianza es generalizada. Vecinos y vecinas del asentamiento Malargüe ya han presentado un recurso de amparo para que no sean desalojados; mientras en el Escorihuela las condiciones son más difíciles y acceder a un abogado es tema lejano para economías que apenas logran sostenerse. Sin embargo, la organización ha avanzado y la semana pasada ya se manifestaron en las puertas de la Legislatura provincial, en busca de resolver el problema de la vivienda y frenar el desalojo. La niña mira los ojos de la madre y sabe que el futuro se construye en la alegría de la lucha que las une al futuro de dignidad.

Producción y Textos: ATE Mendoza