El Requerimiento al Defensor del Pueblo de la Nación, que lleva un año sin respuesta y motiva esta medida, es la solicitud de intervención a la Defensoría para el cambio de la metodología de clasificación de los agroquímicos, petición acompañada por más de 2.700 adhesiones.
Se solicita que la clasificación toxicológica de los agroquímicos considere el conjunto de todos los daños a la salud que por su toxicidad pueden generar estos productos, y no sólo la toxicidad letal aguda, como ocurre en la actualidad, así como que los que no tengan demostrado el grado de su toxicidad subletal y crónica sean clasificadas como “sumamente peligrosos, muy tóxicos”; e identificados con banda roja.
Además, que los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos sean realizados por investigadores, empresas o laboratorios que no estén o no hayan estado vinculados a las empresas y laboratorios que patentan, elaboran o comercializan los agroquímicos.
La situación es tan grave, que la Defensoría debería haber actuado de oficio. La primera reunión con integrantes del Área Ambiental de esa institución fue en diciembre del 2009. La primera presentación del Requerimiento fue realizada el 20 de mayo del corriente, recibiendo por respuesta que la Recomendación sería emitida por la Defensoría a fin de ese mismo mes de mayo, lo que no ocurrió. Tampoco la reunión con expertos que dijeron se iba a convocar.
El pasado 30 de septiembre, la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) solicitó se informara el estado de actuación de la Resolución 1.680/10, y tampoco obtuvo respuesta. Se procuró información telefónica y se informó que las personas que llevaban la actuación estaban de licencia. Otros intentos de contacto e información también fueron infructuosos.
Por todo ello, en el día de hoy se inicia una huelga de hambre con presencia efectiva en la entrada de la Defensoría del Pueblo de la Nación. (LEER la presentación completa).
La noticia no es la huelga de hambre. La noticia son los millones de personas afectadas por las fumigaciones; y la falta de respuesta del Defensor del Pueblo de la Nación al Requerimiento que podría brindarles protección y seguridad.
Fuente: RENACE
