Portada del sitio - Noticias - La máxima autoridad de la ONU en materia indígena recorre el país acompañado por la CTA

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El Relator Especial para los Pueblos Originarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), James Anaya, realiza una recorrida por Argentina. Lo acompaña Verónica Huilipan secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la Central de Trabajadores de la Argentina. El diplomático cuestionó el avance de las industrias extractivas y denunció el incumplimiento de la normativa indígena.

“Hemos recorrido con el Relator de Naciones Unidas los puntos neurálgicos desde el punto de vista de la violación a los derechos humanos como las comunidades afectados por la contaminación que dan lucha contra Loma La Lata o Piedra del Aguila, en Picaleofú. El domingo vamos a Formosa, a visitar la comunidad La Primavera constatando los atropellos contra el pueblo Qom”. De esta manera Verónica Huilipan, secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA se refería a la recorrida que realiza con James Anaya, máxima autoridad de las Naciones Unidas en el tema.

Huilipan señaló que “la importancia que tiene esta recorrida es que de ella saldrá un informe y una recomendación al Estado Argentino”. Es decir, "las violaciones de los derechos humanos de los pueblos originarios en la Argentina así como la usurpación de tierras tendrán ya carácter de un problema internacional. Esto hará -entendemos- que se dé una resolución que esperemos esté más cercana que nunca, más alla de la constante movilización que caracteriza al pueblo mapuche al que pertenezco, así como las otras nacionalidades", indicó Huilipan a ACTA.

“Las industrias extractivas son la más grave amenaza para el cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, denunció el Relator Especial de Naciones Unidas, James Anaya, de visita en Argentina, donde ya se reunió con funcionarios nacionales y donde ha comenzado su recorrida por comunidades de Neuquén, Salta, Jujuy y Formosa. Anaya denominó “tragedia evitable” el asesinato de cuatro indígenas y campesinos sucedidos en los últimos dos años en Argentina.

Anaya remarcó que uno de los mayores logros del Estado argentino fue el reconocimiento de derechos en la Constitución Nacional de 1994 (artículo 75, inciso 17) y la vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce derechos a los pueblos indígenas (entre otros, al territorio).

“La gran dificultad, y en lo que hay que seguir trabajando, es en el cumplimiento y la aplicación de esas normas. Hay muchas dificultades en el reconocimiento efectivo de derechos, es un patrón que se repite en toda la región”, reconoció el Relator Especial.

Consultado respecto a quienes son los responsables del incumplimiento de derechos, Anaya apeló a su mejor diplomacia y evitó apuntar a personas o instituciones. “El incumplimiento se debe en buena parte a las raíces históricas de la región, donde se ubicó y ubica a los pueblos indígenas como los más marginados, son culturas históricamente amenazadas y donde están vigentes patrones de desigualdades”, señaló.

Se remontó a la historia, mencionó el impacto de la “época colonial” a lo largo de la historia y remarcó el presente de “patrones de discriminación que excluye a los pueblos indígenas de sus derechos más básicos, como educación, salud y territorio”.

James Anaya es Relator Especial para la Situación de los Derechos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, la más alta autoridad de Naciones Unidas en la materia. Es la primera vez que un funcionario de su cargo visita la Argentina y su llegada es producto del “diálogo entre comunidades y Gobierno, un año de gestiones”, según explicó.

La oficina de prensa de la ONU había alertado que, por protocolo, el Relator no puede brindar detalles de sus reuniones ni realizar evaluaciones de su visita en el corto plazo. Sí habrá una conferencia de prensa al finalizar su recorrida (la semana próxima) y un informe oficial en el mediano plazo.

En línea con su informe de julio pasado, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Anaya fue muy duro con las industrias extractivas que avanzan sobre los pueblos originarios. No dudó en sindicarlas como la “más grave amenaza” y llamó al diálogo.

En sólo dos años fueron asesinados en Argentina cuatro indígenas y campesinos (Javier Chocobar, Sandra Juárez, Roberto López y Cristian Ferreyra). “Es una tragedia evitable, como otras que se repiten en la lucha social vinculada al derecho básico al territorio”, advirtió.

El juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni había afirmado en 2008 que el “el genocidio actual de los pueblos indígenas se produce invisibilizando, omitiendo, dejando que se mueran, es un genocidio por omisión”. Anaya se mostró sorprendido por la denuncia de Zaffaroni. “Respeto mucho al Juez, pero ojalá no sea así. Y si luego de esta visita confirmara que así lo es, trabajaremos para revertir esa situación”, señaló.

Las industrias extractivas que avanzan en Argentina sobre territorio indígena son la megaminería, hidrocarburos, agronegocios (soja y ganadería intensiva, entre otros) y monocultivo de árboles. También la especulación inmobiliaria y el turismo cinco estrellas (complejos exclusivos en Misiones, Patagonia y Jujuy, entre otros).

Anaya viajó a Neuquén alertado por la criminalización de la lucha mapuche, el avance petrolero y la especulación inmobiliaria en Villa la Angostura. Luego será el turno de Jujuy y Salta, donde se entrevistará con comunidades que resisten el avance minero y sojero. Y cerrará su recorrida la próxima semana en Formosa, junto a la comunidad qom “Potae Napocná - Navogoh” (“Puño de oso hormiguero - La Primavera”), donde en noviembre pasado fue asesinado el qom Roberto López.

Ultimo momento: Agreden a comunidad mapuche que acompañaba a un diplomático de ONU

En el marco de la visita del Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) para Pueblos Indígenas (James Anaya), agredieron en Villa la Angostura (Neuquén) a dirigentes indígenas que acompañaban al diplomático de la ONU. El hecho sucedió en la comunidad Paichil Antriao, que en la actualidad resiste el avance de especuladores inmobiliarios de la zona. El agresor fue el ciudadano estadounidense William Henry Fisher, que pretende parte del territorio comunitario.

“Ingresamos al rewe (sitio sagrado) para hacer una ceremonia y Fisher se nos vino encima. Nadie quería responderle a sus agresiones verbales, seguimos caminando, pero luego golpeó a un hermano, lo tiró al piso y lo golpeó hasta que intervinimos”, explicó Verónica Huilipan, del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) y dirigente de la CTA.

El propio Fischer llamó a la Policía y exigió a los gritos que la comunidad abandone el rewe. Los efectivos se limitaron a evitar nuevas agresiones del ciudadano estadounidense. La comunidad finalizó la ceremonia y se retiró para explicar al diplomático la vulneración de derechos que se producen en Neuquén. James Anaya es Relator Especial para la Situación de los Derechos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, la más alta autoridad de Naciones Unidas en la materia. Es la primera vez que visita el país y las primeras comunidades en visitar fueron las ubicadas en Neuquén. Focalizó su visita en la zona centro, donde las comunidades enfrentan el acoso de la industrias petrolera, y luego viajó a Villa la Angostura para escuchar a la comunidad Paichil Antriao, caso paradigmático de despojo territorial producto de la especulación inmobiliaria.

La comunidad mapuche vive en la actual localidad de Villa la Angostura desde el siglo XIX, reconocida por documentos históricos del propio Estado Nacional. La ciudad de Villa la Angostura creció sobre territorio indígena, en un lento pero sostenido proceso de apropiación territorial. En noviembre de 2009, parte de la comunidad sufrió un nuevo desalojo y la destrucción de tres viviendas.

El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Luego de más de dos años de proceso, el 6 de abril último, la CIDH hizo lugar a la medida cautelar presentada. Instó al Gobierno Nacional tomar “medidas urgentes” para “garantizar la vida y la integridad personal de la comunidad” y le solicitó que evite hechos de violencia por parte de la policía y de grupos de seguridad privados. La decisión de la Comisión, que también protegió el rewe, se dio en un contexto de creciente violencia y criminalización contra el Pueblo Mapuche

Fuente: Darío Aranda para ODHPI Equipo de Comunicación de la CTA